martes, 21 de octubre 2014
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La_Usura_es_un_delito_menorEl resto también salió libre, aunque tienen medidas sustitutivas: deberán presentarse cada 30 días en la Fiscalía y realizar cursos de preparación en el Servicio de Capacitación Profesional (Secap).

La usura es un delito menor en Ecuador y no tiene sentenciados

La_Usura_es_un_delito_menorLos 40 chulqueros estuvieron encarcelados apenas cinco meses y salieron libres en diciembre pasado.

Esto ocurrió pese a que el 2 de julio, la Policía presentó evidencia que -según los agentes- demostraban el ilícito. Pero ayer, Javier Bosques, fiscal que siguió el caso, señaló que en contra de 20 no se hallaron responsabilidades.

El resto también salió libre, aunque tienen medidas sustitutivas: deberán presentarse cada 30 días en la Fiscalía y realizar cursos de preparación en el Servicio de Capacitación Profesional (Secap).

Pero la semana pasada, una vecina de Chillogallo (sur de Quito) vio que uno de los liberados volvió a sus actividades: cobrar a la gente por los préstamos diarios.

Este delito se agrava por falta de sanciones. Las cifras oficiales lo demuestran: mientras en el 2010 la Fiscalía conoció a escala nacional 521 denuncias por usura, en el Consejo de la Judicatura (CJ) no se registran sentencias. El año pasado, en Pichincha hubo 86 casos y el fiscal Bosques reconoce que no hay una sola condena.

Según el funcionario, esto se debe a que la gente prefiere no denunciar por miedo a represalias, pues -según la Policía- los prestadiarios actúan con cuerpos de seguridad y hombres armados para cobrar las cuotas diarias.

Por ello, el fiscal de Pichincha Marco Freire dice que la falta de sanciones no es por una debilidad jurídica. No obstante, en el vigente Código Penal (artículo 583), la usura es reprimida con seis meses a dos años de prisión y multas que van de solo USD 16 a 311.

Además, al ser castigado con prisión, los detenidos pueden salir con fianza y pedir que la detención se cambie por otras acciones como las logradas por 20 chulqueros foráneos.

Dos prestadiarias que el 13 de enero fueron detenidas en Quito también intentaron conseguir fianza. El pedido fue negado y luego pidieron presentarse cada mes a cambio de recobrar la libertad. Esa solicitud también fue negada y siguen detenidas. Pero el fiscal que conoció este caso dijo que hasta ayer no se presentaban denuncias.

“En este caso va a ser difícil llegar a sentencia, pues no hay denuncia”.
Tania Molina
Juez XXIII de Flagrancia

Por las misma causas, la juez XXIII de flagrancia, Tania Molina, cree que será difícil llegar a sentencia en contra de dos chulqueras que hace tres semanas fueron detenidas tras descubrir que se dedicaban a la usura en los mercados populares de San Roque y Central, en Quito.

La juez accedió incluso a un video en que las mujeres amenazaban a los comerciantes que no podían pagar las cuotas. Por ello, el fiscal Óscar Enríquez llegó a esos lugares y pidió que los afectados acudieran a denunciar, pero se negaron. “Allí dijeron ni locas vamos a poner la denuncia, porque nos persiguen”, dice la juez.

Por circunstancias como estas, el juez XXI de Flagrancia, Santiago Coba, dice que “hasta ahora no ha legado a un caso hasta arriba (tribunales penales) y se quedan en la etapa intermedia”.

En Cuenca sucede igual. El año pasado, en dos operativos se detuvo a 46 extranjeros y tres ecuatorianos. En ningún caso hubo llamamiento a juicio, los implicados fueron sobreseídos y están libres. El primero ocurrió en febrero.

Según la Intendencia y la Policía, el grupo fue detenido supuestamente en delito flagrante en tres mercados de Cuenca. Ellos fueron acusados por prestar dinero a los comerciantes a cambio de intereses altos y si no pagaban los extorsionaban. El entonces jefe del Comando de Azuay, Edmundo Merlo, contó que ese trabajo les tomó dos meses de investigación. Los detenidos pasaron a órdenes de fiscales. Un día después -en la audiencia de formulación de cargos- el juez penal, Miguel Arias, les otorgó la libertad.

Su argumento fue que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin fórmula de juicio más de 24 horas. Arias precisó que si es que el resultado del operativo y el cúmulo de evidencias daban posibilidades de iniciar un proceso, los fiscales debían iniciar el juicio, pero no lo hicieron.

Como evidencias se encontraron tarjetas de cobro diario, celulares, anuncios de préstamos, dinero y 41 motocicletas que los acusados utilizaban para movilizarse. En septiembre ocurrió algo similar con la detención de 21 personas, por el mismo delito.

Siete eran reincidentes, detenidos en el operativo de febrero. En la primera audiencia, a 10 sospechosos se les dictó prisión preventiva, pero a los días recobraron la libertad. El argumento de los arrestados fue que eran comerciantes y que vendían artículos (ollas, cochas, arroz') a crédito.

El fiscal distrital, Hernán Flores, precisó que no conoció estos casos (está dos meses al frente de la Fiscalía), pero que con la Unidad de Delitos Flagrantes creada hace dos meses hay un mejor trabajo en la captura e indagación.

Según el fiscal, Iván Saquicela, pese a que fijaron prisión en algunos casos del segundo operativo, para el juez faltaban pruebas para sancionar. José Andrade, presidente de la Corte Provincial de Justicia, dijo que se debe reforzar a la Policía Judicial: dotarles de equipos, laboratorios y personal especializado. A su criterio, con personal preparado no habrá fallas en la investigación y detención. Pero las autoridades policiales, en cambio, creen que muchas veces la Justicia les desbarata y acaba con un trabajo investigativo y que ha durado varios meses con personal de élite.

Cifra

40 chulqueros. están libres. La Policía presentó evidencias, pero la Fiscalía no halló responsabilidad.

Fuente: EL COMERCIO

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